Desde la aprobación del Código Electoral vigente, en 2009, se gestó una nueva legislación ajustada a las necesidades de control que la dinámica electoral requería sobre el financiamiento político. Las exigencias de reporte financiero que en esa materia se añadieron, aplicables a los partidos políticos, trascendieron en el objetivo de transparentar y otorgar publicidad a las finanzas partidarias, y se acoplaron con los estándares internacionales de contabilidad.
