Aborda el tópico de acoso o violencia en el ámbito político electoral y lo relaciona con la función jurisdiccional desde una perspectiva de género. Apunta que existen dificultades prácticas que enfrentan los jueces y juezas electorales para conocer casos de violencia y acoso político, básicamente porque recién se inicia el recorrido y no existe o hay muy poca regulación, doctrina y jurisprudencia en el tema específico. Sin embargo, mientras los legisladores definen competencias, establecen tipicidades y sanciones, se debe analizar, en cada caso, si con las normas hasta la fecha aprobadas, en cada uno de los países, dentro del ámbito de la competencia electoral, se puede asumir el conocimiento de los casos que se presentan y resolverlos.
